A partir de los años 90 se produce una efervescencia del movimiento indígena en América Latina. Un despegue cultural, político y social que nace vinculado a experiencias mediáticas apropiadas por pueblos y naciones indígenas de las diversas regiones. Comunicadores quechuas, aymaras, mapuches, nasas y arhuacos, entre otros, ponen en marcha proyectos radiofónicos, audiovisuales y cinematográficos, para dar cuenta de sus realidades y trazar alianzas a nivel continental.
Con el impulso del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT en 1989 y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en 2007, el Derecho a la Comunicación comienza a perfilarse como un derecho transversal a otros derechos colectivos. Países como Bolivia y Colombia hacen sitio, en sus constituciones nacionales, a las primeras políticas públicas de comunicación indígena.
Las denuncias de muchos de estos pueblos frente a la amenaza de estados militarizados y empresas transnacionales que violan sistemática e impunemente sus derechos, comienzan a confluir en foros, cumbres y movilizaciones y a cristalizarse en sus agendas políticas. Un auge que promueve el surgimiento de colectivos y escuelas de comunicación indígena, como la red de comunicadores wayuu, el colectivo Zhigonezi o la Red Tz´ikin, que a pesar de estar fuertemente criminalizados en sus países de origen, son promotores y altavoces de estas confluencias.
Una propuesta de Beatriz Pérez Galán.
